La fuerza y la ley
La Reforma Constitucional de 1949 explicitó, con fuerza de ley, principios políticos fundamentales: la voluntad de tener una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Establecía la propiedad estatal de los recursos mineros y energéticos, de los servicios públicos y una serie de derechos para el trabajador, la niñez y la ancianidad (derecho a una retribución justa, a condiciones de trabajo y vivienda dignas, al esparcimiento, la seguridad social y la salud). El artículo Nº 40 dice:
“La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, los de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”.
Se creó el Ministerio de Salud. Ramón Carrillo fue el impulsor de la política sanitaria, con resultados sorprendentes: la disminución de la mortalidad infantil en un 50 por ciento, la creación de hospitales y centros de investigación, la erradicación de enfermedades endémicas como el paludismo, el control de la sífilis y enfermedades venéreas, así como la disminución de la tuberculosis.
La reforma constitucional habilitaba una segunda presidencia de Perón. La oposición lo acusó de instrumentar esta reforma con ese único objetivo. El 22 de agosto de 1951, frente al clamor de multitudes para que se postule como vicepresidenta, Evita renunció por las presiones recibidas. En noviembre de 1951 la fórmula Perón-Quijano ganó las elecciones con el 62 por ciento de los votos. Asumieron el 4 de junio de 1952.
La Argentina mantuvo relaciones de respeto mutuo con todos los países del mundo. A partir de 1947 estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética (URSS), inexistentes hasta entonces. Además, fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel, fundado en 1948. Sin embargo, el peronismo sentó su posición internacional en lo que llamó la “Tercera Posición”, equidistante tanto de la política de EEUU como también de la URSS.
Por otro lado, el peronismo desplegó también estrechos vínculos diplomáticos con los países de Latinoamérica a través de la firma de diversos tratados de integración con Brasil, Chile y Paraguay.
El proyecto gobernante fue atacado sistemáticamente por la oposición. El 11 de junio de 1955, la procesión de Corpus Christi reunió finalmente a todos los opositores a Perón: junto a los católicos marcharon los socialistas y los comunistas, radicales, conservadores, nacionalistas católicos. El 16 de junio bombardearon la Plaza de Mayo masacrando a los transeúntes. El 16 de septiembre de 1955 se levantó en Córdoba el General Lonardi, reemplazado en noviembre del mismo año por Aramburu. Perón es derrocado por un golpe cívico militar que se denomina «Revolución Libertadora» y comienza su exilio que durará casi dieciocho años.
