Las democracias
Período pos dictaduras en América Latina
En distintos países de Latinoamérica, a las cruentas dictaduras, le sucedieron gobiernos democráticos débiles que dieron continuidad a las mismas políticas, con argumentos tales como que el país tenía que “modernizarse” y “no podemos quedar fuera del mundo globalizado”. Varios de estos gobiernos, ya sea por debilidad institucional, o por complicidad con los intereses externos, sostuvieron y profundizaron el proyecto neoliberal, llevando a la mayoría de la población a una situación de pobreza e indignidad desesperante, con aumentos sin precedentes de la indigencia y la exclusión social.
1983-1989. Raúl Alfonsín
El 30 de octubre de 1983, triunfó en las elecciones el candidato de la UCR Raúl Alfonsín con el 52 por ciento de los votos. En su campaña prometió el juicio a las Juntas Militares. El 10 de diciembre asumió la presidencia y derogó la Ley de Amnistía y planteó el enjuiciamiento a los miembros de las tres Juntas que gobernaron desde 1976 a 1983. Muchos jóvenes se incorporaron a la militancia, sobre todo estudiantes. La Universidad se potenció con más inversión, con renovación de programas y proyectos de investigación. Se realizó el Congreso Pedagógico Nacional en 1984 para renovar los contenidos educativos obligatorios y se dio tratamiento a las leyes de patria potestad compartida y de divorcio, que fueron aprobadas en 1985 y 1987, respectivamente.
El gobierno de Alfonsín empezó a confrontar con los intereses corporativos, la iglesia y los militares. Se intensificaron los reclamos y las movilizaciones sindicales. Parecía que empezaba a formarse un nuevo movimiento político.
Juicio a las Juntas
La justicia civil argentina juzgó, en 1985, a los miembros de las tres juntas militares que ejercieron el poder durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Se los condenó por las masivas violaciones a los DDHH. La Cámara condenó a prisión perpetua a Videla y a Massera.
CONADEP
El gobierno de Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, integrada por figuras de renombre a nivel nacional que en poco menos de un año documentó y registró más de nueve mil casos de desaparición forzada de personas. Su informe final conocido con el título Nunca más fue un insumo clave para el Juicio a las Juntas. La expresión se transformó en consigna de marchas y actividades políticas para repudiar el terrorismo de Estado.
Hoy, a través del trabajo de todos los organismos de DDHH, el respaldo de la sociedad y de los Juicios por delitos de Lesa Humanidad que se están sustanciando en el territorio nacional, seguimos afirmando que son 30.000 los desaparecidos.
Teoría de los dos demonios
Entre 1984 y 1985 la justicia condenaría a varios dirigentes sobrevivientes de las organizaciones político-militares, particularmente de Montoneros y ERP, igualando su responsabilidad con la del terrorismo de Estado. Las organizaciones de DDHH cuestionaron con dureza esta visión.
En 1986 la “primavera democrática” alfonsinista se debilitaba a causa de la creciente demanda salarial por el aumento de la inflación y la parálisis económica, las marchas convocadas por la Iglesia para rechazar el tratamiento de la Ley del Divorcio y el creciente malestar de los oficiales investigados.
Abril de 1987 fue el primer momento de una serie de levantamientos militares que desconocían la autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas. En la Semana Santa de 1987, un grupo de oficiales liderados por el teniente coronel Aldo Rico se amotinó, con sus rostros pintados, en el regimiento de Campo de Mayo. Exigieron la anulación de todos los juicios en curso y reivindicaron su accionar en la represión, en el “combate contra la subversión”. El gobierno convocó a un gigantesco acto público en defensa de la democracia y el presidente anunció que iría en persona a Campo de Mayo para exigir la rendición de los sediciosos. Alfonsín, al regresar de su encuentro con los militares “carapintadas” -a los que se refirió como “héroes de Malvinas”-, dejó en evidencia que había pactado con los amotinados. La frase que utilizó para cerrar el acto y desmovilizar a la multitud fue: “La casa está en orden”. El resultado fueron las leyes de impunidad.
Punto final
La Ley 23.492 de 1986 estableció la caducidad de la acción penal contra los responsables del delito de desaparición forzada de personas en Argentina. Fue derogada por el Congreso Nacional durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Obediencia debida
La Ley 23.521 de 1987 estableció que los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, durante el terrorismo de Estado, con grado inferior a Coronel no fueran punibles por considerar que obedecían órdenes superiores. Fue derogada por el Congreso Nacional durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En 1989, el gobierno terminó de perder el escaso control que tenía sobre las variables económicas: el dólar comenzó a dispararse. Esto llevó a que se produjeran varias “corridas” cambiarias que desfinanciaron aún más las reservas del Banco Central. Los propietarios rurales dejaron de liquidar sus exportaciones, especulando con una devaluación que mejore sus ingresos y la hiperinflación superó el 80 por ciento mensual en mayo y el 100 por ciento en junio. Comenzaron los saqueos a comercios, con muertos y heridos.
En este contexto de crisis económica y social se adelantaron las elecciones presidenciales al mes de mayo ya que debían celebrarse en octubre. Ganó el Partido Justicialista (PJ), encabezado por Carlos Saúl Menem.
Consenso de Washington
En 1989 se impuso el denominado Consenso de Washington, que consistió en un conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ´80 para, por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los ´70, y por otro, como salida impuesta por el FMI y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur, ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Estos organismos imponen condiciones macroeconómicas relacionadas con la financiación que conceden. Aplican medidas de estabilización y ajuste de las economías: la lucha contra el déficit público por la vía de reducción del gasto, las reformas para reducir la progresividad impositiva, la privatización de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los mercados de capitales a nivel internacional, la reducción de las condiciones impuestas a la entrada de inversión extranjera directa y la desregulación de los mercados laborales internos, entre otras, consensuadas por determinadas instituciones con sede en Washington, el FMI y el BM, así como el gobierno y la Reserva Federal de EEUU.
1989-1999. Carlos Saúl Menem
Menem asume con la legitimidad que le dio el discurso de campaña con el lema de la “Revolución productiva” y el regreso a las políticas inclusivas del peronismo. No cumple con ninguna de sus promesas. Las dos presidencias de Carlos Menem se caracterizaron por la continuidad y profundización de las políticas económicas y sociales neoliberales que tuvieron lugar durante la dictadura, esta vez legitimadas por el voto popular, implementadas a través de las dos Reformas del Estado.
Los ’90. Reformas del Estado
La vuelta al “mercado”, el achicamiento del aparato estatal y el traspaso a manos privadas de bienes y servicios son premisas básicas de este modelo con el argumento de ganar en eficiencia y optimizar recursos. Desde este discurso, era necesario privatizar y eliminar personal para reducir el déficit fiscal y bajar el endeudamiento. Pero lo paradójico es que, para ello, privatizaron empresas rentables como YPF y Aerolíneas Argentinas. Se vendió todo a precio vil, sin el control del destino del dinero obtenido y sin un marco regulatorio de control y sanción. La evasión y la fuga de divisas fueron propias de esta etapa. Se aumentaron las tarifas. En pocos años se privatizaron la empresa de aeronavegación, los teléfonos, mil kilómetros de la red vial, la generación y distribución de electricidad, la distribución y el transporte de gas, la red de distribución de agua y sistema cloacal, cuatro empresas petroquímicas, las principales líneas y ramales ferroviarios de cargas y de pasajeros, dos acerías, tres elevadores terminales de puertos, tres fábricas militares, el mercado de hacienda, una empresa petroquímica, aeropuertos, el Correo Argentino, etc.
En una segunda reforma del Estado, negociada con el FMI, se vende, entre otros activos, el Banco Hipotecario Nacional. Este proceso fue acompañado por la racionalización de personal. Las empresas privatizadas más rentables quedaron en manos de unos pocos grupos económicos de origen nacional (Pérez Companc, Techint, Soldati, Astra, Roggio, entre otros), asociados a empresas extranjeras y bancos acreedores internacionales.
La concentración de la propiedad debilitó más al Estado nacional. Se privatizó el sistema de seguridad nacional -Sistema previsional- con la imposición de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). La flexibilización laboral fue una respuesta disciplinadora que generó desocupación y precarización laboral. Con la Ley de Convertibilidad el peso se subordinó al dólar. Se impuso un sistema de impuestos regresivos al consumo. La reducción de la deuda externa fue superada por el nuevo endeudamiento y pasó de 56.000 millones de dólares en 1990 a casi 97.000 millones en 1997.
Como respuesta a esta situación, en la década del ’90 surgen diferentes movimientos sociales para resistir los ajustes y dar respuesta a la precarización: Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), movimientos de DDHH y fábricas recuperadas. Se llegó al año 1998 con una situación de estancamiento más aislamiento.
Nuevo contexto mundial. Panorama latinoamericano
Esta época se caracteriza por la aceleración del cambio científico-tecnológico y la desaparición gradual del mundo del trabajo.
El proceso de globalización, económica y tecnológica, genera una brecha tecnológica y la desigualdad social entre regiones, la transnacionalización, la fragmentación social y la disolución de las identidades colectivas.
A pesar de que la crisis más profunda de la región se produjo en Argentina, varios países del continente pasaron por similar situación como Paraguay, Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia. Uruguay, con una clase política más transparente, que se destacó por la supuesta credibilidad de su sistema financiero, requirió de un rápido salvataje. Chile también vio afectado su crecimiento. Brasil estuvo al borde del default. Muchos atravesaron dictaduras militares que propiciaron la integración de América Latina a la economía mundial con políticas aperturistas acríticas de sus economías, a costa de la desintegración social, política y cultural. Y luego, democracias pos dictaduras con la pérdida creciente del control sobre el propio destino por parte de estas naciones. La crisis se hace evidente en toda Latinoamérica. El dominio de la humanidad lo tenía el capital financiero desregulado y especulativo, abstracto, virtual, que habita en paraísos fiscales y en las bolsas y que no crea empleo.
También se vio la fragmentación territorial. Las regiones pobres se volvieron más pobres y las ricas más ricas. El lugar que había ocupado antes el Estado fue reemplazado por Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s), sectores de las Iglesias, los movimientos sociales. Estos nuevos movimientos emergen sin mediaciones políticas, por la pérdida de credibilidad de los partidos políticos. Estas políticas condujeron al aumento de la desigualdad y a la pobreza y, fundamentalmente, a la fractura social con las secuelas de violencia e inseguridad.
Esto se traduce en mayor desempleo y precarización, vulnerabilidad y exclusión de los sectores más débiles, pauperización de los sectores medios, aparición de nuevos modos de conflictividad y violencia social.
Se dejó de lado la visión integrada de la política social dirigida a toda la población -que incluía salud, educación, empleo y política asistencial-, reemplazándola por la atención a grupos de población vulnerables. Se pone en crisis el concepto de ciudadanía. El individuo pierde su condición de “sujeto de derecho”.
1999-2001. Fernando de la Rúa
El gobierno de la Alianza (1999-2001), conformada por la UCR y el Frente Grande, acentuó un modelo de derecha represivo con políticas de ajuste y consolidó a los sectores más concentrados de la economía. Los préstamos de Organismos Internacionales aumentaban la fuga de capitales. Precisamente, el punto crítico lo constituye el período post-menemista. Ante la salida de la convertibilidad, los meses de diciembre del 2001 y enero del 2002 son los de mayor incertidumbre respecto del futuro de nuestro país, con un desempleo del 23 por ciento. El ministro de economía de De la Rúa, Domingo Cavallo, impone el “corralito”.
Es interesante destacar el recelo que siempre tuvieron los sectores medios y medios altos hacia las mayorías pobres, sobre todo, el desprecio a las organizaciones piqueteras, desocupados que marchaban reclamando trabajo y protección, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Aníbal Verón, etc, o la Federación de Tierra y Vivienda, que era parte de la CTA.
Pero las crisis, como siempre, impactan en lo cultural. Esta vez, como en otros momentos de la historia, confluyen los intereses de las clases más postergadas y los sectores medios. Se unifican en la consigna “Que se vayan todos”.
“Piquete y cacerola, la lucha es una sola”
Se produce el estallido social, se declara el Estado de Sitio y la feroz represión termina con la muerte de treinta personas. De la Rúa, renuncia.
La crisis del 2001-2002 vivida en nuestro país, supuso el inicio del fin del neoliberalismo, dejando en evidencia la ficción de la convertibilidad vivida durante la década del ’90. Se cierra el ciclo histórico de expansión del capital financiero.
El gobierno y el Estado perdieron legitimidad. Se derrumbó la solvencia de los bancos. La Argentina entró en situación de default, pero, a pesar de haber sido el país que más cumplió con las directivas del FMI, no recibió ayuda externa y fue usado como caso testigo.
¿Por qué, a pesar de todo lo vivido y sufrido, no se produjo una insurrección violenta generalizada? Gran parte de la sociedad despierta del letargo, recuperó la memoria histórica y se movilizó, pero también se organizó a través del surgimiento de nuevos canales de participación, por ejemplo, las Asambleas Barriales. El trueque y las fábricas recuperadas fueron estrategias de sobrevivencia de una parte de la población.
En enero del 2002 asumió Eduardo Duhalde, quinto presidente en once días, quien decidió implementar en forma inmediata el “Programa Jefas y Jefes de hogar desocupados”. Duhalde aumentó el número de planes de empleo aproximadamente de doscientos mil a dos millones. Intentó ser una política universal, a diferencia de las políticas focalizadas implementadas hasta el momento. Estas medidas permitieron aliviar la conflictividad del momento.
Durante su presidencia, la policía Bonaerense reprimió una manifestación en la denominada masacre de Avellaneda, asesinando a los militantes sociales Darío Santillán y Maximilano Kosteki. Este hecho adelantó el llamado a elecciones.