Oportunidad

Recuperé la libertad el 23 de setiembre de 1983 desde la cárcel de Ezeiza en la que aún quedaban queridas compañeras. Lloré con desconsuelo mientras cruzaba puerta tras puerta hasta llegar a la calle. 

Al arribar a Santa Fe fui recibida con una bienvenida que organizaron vecinas y vecinos, los que durante todo el tiempo que estuve detenida se habían reunido para rezarle a la Virgen manzaneraVirgen manzanera: una imagen de la Virgen de Lourdes recorría las casas de una manzana y permanecía dos días en cada hogar. A determinada hora se reunían a rezar el Rosario y charlar. y brindar aliento y ayuda a mi madre y a mi padre. 

Lo prioritario fue el sustento. Me rebusqué como costurera, tejedora y vendedora de libros hasta que fui reincorporada a mi trabajo, en el emblemático Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio. No hubiese podido disfrutar la vida en libertad sabiendo que aún quedaban presas/os políticos, por eso me sumé a la lucha por su libertad.

¡Salí de la cárcel habiendo encontrado novio! Mi hijo más chico suele decir: “Mis viejos se conocieron por el inodoro”. Tiene una explicación. En enero de 1983 en Devoto nos anunciaron calesitaLas autoridades del penal, dentro de su estrategia de aniquilamiento ejecutada hacia nosotras, nos cambiaban permanentemente de piso y de celda. A esos movimientos los llamábamos calesitas. y nos colocaron otra vez de a cuatro por celda. Vaciaron un piso. Es que traían a nuestros compañeros desde distintas cárceles. Fuimos celebrando el encuentro ventana a ventana y usando los tubos de las letrinas para comunicarnos. Así comenzó mi relación con Carlos.

Cuando salió y habiendo encontrado un lugar donde vivir, nos casamos por civil con la bendición del mismo cura y en la misma parroquia en la que él había militado.

Tenemos una hija, Ema, que me inauguró como madre. Luego nació Marcelo con síndrome de Down y que me continuará interpelando por su capacidad para encontrar un lugar en esta sociedad. Y un tercero, Juan Lucas, no buscado pero sí muy amado.

Durante la “década ganada” fui honrada con el cargo nacional de delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Fue una etapa de grandes aprendizajes: me rodeé de un consejo asesor integrado por referentes de los grupos históricamente vulnerados. El objetivo fue hacerlos visibles, reconociéndolos como sujetas/os/es de derechos pero además logrando incidir en políticas públicas en coordinación con otros organismos nacionales.

A poco de asumir acompañé, junto a con el Movimiento de Mujeres, la lucha de Ana María Acevedo, una joven en situación de pobreza, con cáncer, a la que le negaron el derecho a la interrupción legal del embarazo. Oriunda de Vera y con un embarazo en curso se le diagnosticó un cáncer en el maxilar. En diciembre se confirmó su embarazo y le negaron el tratamiento porque la quimioterapia está contraindicada para la salud del feto. 

Ana María y su madre, Norma, reclamaban la interrupción del embarazo amparadas en el artículo 86 del Código Penal. El Comité de Bioética del Hospital Iturraspe analizó su situación y dictaminó: “(…) por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital -y en Santa Fe- no. En este estadio de la enfermedad aún se puede hacer quimioterapia pero con el embarazo en curso ambas posibilidades terapéuticas se descartan”. El 26 de abril de 2007 fue sometida a una cesárea: la criatura que dio a luz sobrevivió 24 horas y ella falleció el 17 de mayo. Con el Movimiento de Mujeres y en mi condición de delegada del INADI hicimos responsable de su muerte al director del hospital, doctor Andrés Ellena, y exigimos su renuncia.

La temática de las violencias hacia las mujeres me permitió ver y verme con perspectiva de género, comprender las raíces culturales del patriarcado y hacer un puente simbólico entre los días 8 de marzo, en el que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y el 24 de marzo Día Nacional de la Memoria, la Verdad y por la Justicia. 

El femicidio de Chiara Páez, una adolescente de catorce años, ocurrido en Rufino, generaría un movimiento sin precedentes en cuanto a magnitud y masividad. El 3 de junio de 2015 el país se conmovió al grito de “Ni una menos, vivas y libres nos queremos” que protagonizamos millones de mujeres en las calles y las plazas. Así fue que me incorporé a la mesa Ni una Menos de la ciudad de Santa Fe. 

Soy querellante y testiga de los juicios de Lesa Humanidad que se desarrollan en la justicia federal. Me enorgullece poder decir que aporté con mi denuncia a la incorporación de la mirada de género en la querella para que las violaciones fueran consideradas como delitos autónomos dentro de causas.

En ese recorrido de avances y retrocesos nos anoticiamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una polémica sentencia sobre las condenas por crímenes de Lesa Humanidad perpetrados durante la última dictadura, conocida como “el 2 x 1”,  que daba la posibilidad de que los genocidas quedasen en libertad.

El 7 de mayo de 2017 en una masiva movilización convocada por los organismos de Derechos Humanos (DDHH) se repudió ese fallo y por primera vez una marcha incluía a la Mesa Ni Una Menos. Desde el Movimiento de Mujeres y Disidencias queríamos advertir a la sociedad el peligro que significaba esta medida. Se elaboró un documento y fui designada para leerlo.

Aunque marchar junto a mi familia y llegar a la plaza siempre fue una práctica constante la experiencia de ver la plaza desde un escenario fue única. Pedí a una joven que subiera conmigo por si se me hacía el inoportuno nudo en la garganta. Y vi la multitud y sentí que cuando decimos “Nunca más” es nunca más. Y que lo decimos las y los sobrevivientes, las Madres de Plaza de Mayo y los HIJOS. Y también lo dice el pueblo.

Documento leído contra el 2×1 Mesa Ni Una Menos

La violencia de género perpetrada por los genocidas es una forma específica de delito de lesa humanidad que no prescribe.

Las Mesa Ni Una Menos Santa Fe manifiesta su más enérgico repudio frente al fallo de la Corte Suprema de la Nación donde se beneficia a represores de la última dictadura cívico, empresarial, eclesiástico y militar entendiendo que el mismo funciona como un indulto encubierto a genocidas que han perpetrado sistemáticamente acciones de violencia de género en todas sus modalidades, no sólo a las prisioneras sino hacia las mujeres en general implantando por la fuerza disciplinamiento y subordinación de género.

Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas durante la dictadura, las mujeres constituyeron un 33 por ciento del total de los 30.000 desaparecidos. Casi la totalidad de esas mujeres no alcanzaban los 30 años al momento de su captura y el 10 por ciento estaba embarazada.

Ellas fueron sometidas sistemáticamente a los siguientes crímenes:

– Desnudez forzada.
– Violaciones sexuales reiteradas.
– Violaciones grupales.
– Penetraciones con armas de fuego y otros objetos en la vagina, ano o boca.
– Partos en cautiverio y bajo tortura física.
– Torturas durante el embarazo: teniendo como resultado bebés con malformaciones o abortos espontáneos.
– Abortos inducidos por decisión de los militares.
– Torturas en los genitales.
– Apropiación de bebés.
– Masturbación de torturadores durante la tortura.
– Limpieza del sitio de parto inmediatamente tras el mismo y en estado de desnudez.

Frente a la dimensión del plan de exterminio, la violación parecía algo secundario pero, tiempo después, las y los sobrevivientes pudieron relatar esos padecimientos ¿Cómo se puede calificar a un médico que para diagnosticar una bronquitis hace un tacto vaginal? Cualquier vejación estaba habilitada y minar la subjetividad de género, tal vez, haya sido la violencia más profunda.

Es importante destacar que los genocidas no sólo ejercieron violencia de género en los Centros Clandestinos de Detención sino que la misoginia castrense supo replicarse en los abusos hacia las mujeres voluntarias en Malvinas. Esas violaciones son delitos asociados al poder, con un particular ensañamiento contra las mujeres.

En efecto, los crímenes sexuales cometidos desde el Estado constituyen un grave abuso, ya que mediante sus instituciones genera desigualdades de poder y garantiza la impunidad. 

Por lo hasta aquí expuesto manifestamos que la violencia de género perpetrada por los genocidas es una forma específica de delito de lesa humanidad que no prescribe y que, de ninguna manera, es equiparable con un delito común porque igualarlos implica romper impunemente los lazos comunitarios que como sociedad tanto nos cuesta sostener y porque los de las mujeres también son derechos humanos que hoy, como en los ’70, se vuelven a violentar.

Exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de una vez por todas comprenda de qué hablamos cuando decimos #NiUnaMenos.

Mesa Ni Una Menos Santa Fe
7 de mayo de 2017

Etiquetas: DERECHOS HUMANOS, GÉNERO